- Que Internet es una Red Neutral por diseño, desde su creación hasta su actual implementación, en la que la información fluye de manera libre, sin discriminación alguna en función de origen, destino, protocolo o contenido.
- Que las empresas, emprendedores y usuarios de Internet han podido crear servicios y productos en esa Red Neutral sin necesidad de autorizaciones ni acuerdos previos, dando lugar a una barrera de entrada prácticamente inexistente que ha permitido la explosión creativa, de innovación y de servicios que define el estado de la red actual.
- Que todos los usuarios, emprendedores y empresas de Internet han podido definir y ofrecer sus servicios en condiciones de igualdad llevando el concepto de la libre competencia hasta extremos nunca antes conocidos.
- Que Internet es el vehículo de libre expresión, libre información y desarrollo social más importante con el que cuentan ciudadanos y empresas. Su naturaleza no debe ser puesta en riesgo bajo ningún concepto.
- Que para posibilitar esa Red Neutral las operadoras deben transportar paquetes de datos de manera neutral sin erigirse en “aduaneros” del tráfico y sin favorecer o perjudicar a unos contenidos por encima de otros.
- Que la gestión del tráfico en situaciones puntuales y excepcionales de saturación de las redes debe acometerse de forma transparente, de acuerdo a criterios homogéneos de interés público y no discriminatorios ni comerciales.
- Que dicha restricción excepcional del tráfico por parte de las operadoras no puede convertirse en una alternativa sostenida a la inversión en redes.
- Que dicha Red Neutral se ve amenazada por operadoras interesadas en llegar a acuerdos comerciales por los que se privilegie o degrade el contenido según su relación comercial con la operadora.
- Que algunos operadores del mercado quieren “redefinir” la Red Neutral para manejarla de acuerdo con sus intereses, y esa pretensión debe ser evitada; la definición de las reglas fundamentales del funcionamiento de Internet debe basarse en el interés de quienes la usan, no de quienes la proveen.
- Que la respuesta ante esta amenaza para la red no puede ser la inacción: no hacer nada equivale a permitir que intereses privados puedan de facto llevar a cabo prácticas que afectan a las libertades fundamentales de los ciudadanos y la capacidad de las empresas para competir en igualdad de condiciones.
- Que es preciso y urgente instar al Gobierno a proteger de manera clara e inequívoca la Red Neutral, con el fin de proteger el valor de Internet de cara al desarrollo de una economía más productiva, moderna, eficiente y libre de injerencias e intromisiones indebidas. Para ello es preciso que cualquier moción que se apruebe vincule de manera indisoluble la definición de Red Neutral en el contenido de la futura ley que se promueve, y no condicione su aplicación a cuestiones que poco tienen que ver con ésta.
miércoles, 1 de diciembre de 2010
Manifiesto por una red neutral
martes, 5 de mayo de 2009
El "Telecom Package" en el Parlamento Europeo
Internet libre es una de las mejores cosas que le han pasado a la Humanidad en toda su historia. Por primera vez podemos expresarnos con libertad y ser escuchados en todo el mundo al momento. No podemos permitir que eso cambie basándose en intereses de una industria cuyo modelo de negocio está obsoleto (Cine, música, ...) o por el ansia de control de políticos o Telecom.
Estos días eso puede cambiar. En Estrasburgo se vota el "Telecom Package". Debemos hacer saber a nuestros eurodiputados que no queremos una red controlada, que queremos seguir siendo libres.
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Visto en www.enriquedans.com
Entre hoy y mañana, el Parlamento Europeo puede definir que Internet siga siendo Internet, una red libre regida por su protocolo, o se convierta en el coto privado de unos pocos que pueden decidir a su antojo qué circula y qué no circula por ella. Entre hoy, discusión parlamentaria, y mañana, votaciones, veremos qué grupos parlamentarios apoyan realmente que Internet siga siendo lo que hemos conocido hasta ahora: el primer medio verdaderamente bidireccional y libre en manos de los ciudadanos.
Lo que se vota en el Parlamento Europeo es el llamado “telecoms package“, el resultado de la presión de tres de los lobbies más fuertes del mundo: el político, el de las telecomunicaciones y el de los derechos de autor. El paquete de medidas otorga a las empresas de telecomunicaciones un poder omnímodo para convertirse en los auténticos policías de la red: pueden examinar tus comunicaciones, decidir si lo que recibes o envías puede pasar por la red o debe ser bloqueado, impedir el acceso a determinados sitios en función de cualquier tipo de criterio y sin pasar por un órgano judicial, o vender acceso preferencial a determinados sitios como si fueran canales de televisión. La peor de las pesadillas, el entorno en el que Estados Unidos se negó a entrar, la desnaturalización y desactivación más completas de la red, convertidas en realidad. Gracias a eso, las empresas de telecomunicaciones obtienen la increíble prebenda de dejar de ser simples utilities, de poder gestionar la red como si fueran adjudicatarios de licencias de canales de televisión, acabando con el sueño de Internet como una red libre en la que todos podemos llegar a todos en igualdad de condiciones. Además, obtiene acceso a los contenidos de las empresas que explotan la propiedad intelectual, el lobby de los derechos de autor, que pasan a estar en un entorno en el que pueden desconectar de la red a quienes consideren “infractores” de unas leyes redefinidas a su antojo o bloquear aquellos sitios que puedan resultar potencialmente peligrosos para su modelo de negocio. Finalmente, el lobby político obtiene el entorno soñado: donde antes se enfrentaba a una enorme masa de gente con capacidad de opinar y de exponer sus opiniones a otros, ahora únicamente tendrá que hablar con las empresas de telecomunicaciones para que dejen fuera de sus ofertas preferenciales a aquellos que les resulten incómodos. Una internet “bajo control”.
Tienes mucha más información en la red. El “telecoms package” es la mayor aberración que hemos podido ver nunca pasar por un parlamento, la iniciativa liberticida más importante que hemos vivido jamás en relación con la red. Si los representantes de tu partido votan a favor de este paquete de medidas, elimínalos como opción política: habrán demostrado su verdadera naturaleza y su servicio a los lobbies de poder en lugar de al ciudadano. Aquí tienes quiénes son y lo que han votado: no lo olvides.
Puedes enviar peticiones a los eurodiputados a través de páginas como ésta, y por supuesto, procura hablar de esto todo lo que puedas y contribuir a crear el estado de alarma que la cuestión justifica. Si Internet significa algo para ti, si quieres que Internet siga siendo Internet, este tema es una verdadera aberración, lo más importante que se ha discutido en un parlamento con respecto a la red, y precisa de una acción firme, inequívoca y decidida.
-----Formulario para enviar a nuestros Eurodiputados. Por favor, rellénalo y envíalo.
miércoles, 11 de febrero de 2009
¿Podrá soportar España 4.000.000 de bajas de clientes de banda ancha?
Viene del blog de Enrique Dans y de la campaña que se está desarrollando actualmente en la red.
Cerca de cuatro millones de ciudadanos no pueden acceder a la banda ancha en España en función de su sitio de residencia; a este indicador negativo para el desarrollo de la Sociedad de la Información en España, se le podrían sumar bajas masivas de clientes del ADSL más lento y caro de Europa.
Las entidades representativas de la comunidad internauta, los profesionales y los consumidores informáticos en España estiman en cuatro millones la cifra de clientes de banda ancha, ADSL y cable que podrían darse de baja si finalmente se confirma el acuerdo que REDTEL está negociando con las sociedades de gestión de los derechos de autor abanderadas por la SGAE para que en España se den tres avisos antes de desconectar o ralentizar la conexión a Internet por usar redes P2P (¿quién es REDTEL?)
A la disminución de ingresos se sumarían las posibles indemnizaciones que podrían derivarse por incumplimiento de contrato de las operadoras y las sanciones aplicables en base a los artículos 8 (”Restricciones a la prestación de servicios y procedimiento de cooperación intracomunitario”) y 11 (”Deber de colaboración de los prestadores de servicios de intermediación”) de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, modificado por la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información.
Mientras las operadoras de telecomunicaciones tratan de sortear la crisis, las sociedades de gestión de los derechos de autor, intentan conseguir prebendas para las empresas productoras de contenidos tratando de convencer a todo el mundo de que el intercambio de archivos entre particulares por Internet es un acto delictivo y que supone fuertes pérdidas al sector de entretenimiento.
Sin embargo tanto la fiscalía como las sentencias dictadas establecen que el intercambio de archivos con copyright restrictivo por redes P2P no es un delito y no es punible de ninguna forma cuando se trata de archivos públicos o bajo licencias copyleft (la mayoría de los casos)
Las propias entidades de gestión de derechos de autor han reconocido en el “Informe de la industria de contenidos en España“, publicado por ASIMELEC, que no hay una bajada de ingresos en el sector y que solo la música tiene un retroceso en la venta a través del canal tradicional (aunque no se informa del aumento de ingresos por, entre otros, actuaciones en directo, descargas y publicidad)
Lo cierto es que las negociaciones que se están llevando a cabo bajo el auspicio del Ministerio de Cultura, pueden suponer que algunas de las empresas más solventes y con mayor capacidad tecnológica de España empiecen a perder clientes a marchas forzadas. Lo que repercutirá en su cuenta de resultados y en su capacidad de mantener el empleo.
Pero lo más grave es que un acuerdo de esta naturaleza atenta contra la libre competencia, frena en seco el acceso a la Sociedad de la Información en España menoscabando los derechos civiles de los ciudadanos y alejando aún más el derecho constitucional de acceso a la cultura y al conocimiento.